La Máquina del Imperio: Historia Secreta de la CIA

El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa destruyó gran parte de la flota americana anclada en Pearl Harbor. Los servicios de inteligencia no lo habían previsto. Peor aún: el FBI había ignorado las advertencias de un doble agente soviético. Aquella humillación fue el acta de nacimiento de la CIA.

El presidente Harry Truman la creó a regañadientes, en parte para impedir que Edgar Hoover y el FBI monopolizaran el espionaje exterior. El miedo de Truman era que una única agencia todopoderosa recordara demasiado a la Gestapo. Pero lo que salió de aquella decisión fue algo igual de peligroso: un organismo exento de cualquier obligación de transparencia.

Con sede en Langley, Virginia, a 20 kilómetros de Washington, la CIA pasó de 35 empleados en su fundación a cerca de 10.000 en su apogeo, y su presupuesto escaló de unos pocos cientos de miles de dólares a 28.000 millones. Sus cuentas, su organigrama, sus salarios y el número exacto de efectivos son, oficialmente, secreto de Estado. Desde el primer día, la agencia operó por encima de cualquier control civil.

En mayo de 1953, Allen Dulles —recién nombrado director de la CIA— organizó la Operación Ajax. El primer ministro iraní Mohammad Mosaddeq había tomado una decisión inaceptable para los intereses angloamericanos: nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company. Los británicos impusieron un embargo internacional que sumió a Irán en el caos, pero consideraron que eso no era suficiente.

El primer ministro británico fue a ver al presidente Eisenhower con un argumento calculado: no habló de petróleo, sino de comunismo. "Mosaddeq está perdiendo su poder en beneficio de los soviéticos", le dijo, "y a usted, presidente, no le interesa ser quien tenga que explicar cómo pudo perder Irán." Eisenhower cedió. La CIA organizó el derrocamiento de Mosaddeq y el regreso al poder del joven Shah Reza Pahlevi, que gobernaría el país durante 25 años bajo una dictadura que la propia CIA contribuyó a armar y entrenar.

El éxito fue tan fácil que se convirtió en plantilla. "Pensaron que tenían que hacer lo mismo en Guatemala y en otros países", reconocería años después uno de los implicados. "Era lo más sencillo. Si era inmoral o no, eso les daba igual."

En junio de 1954, el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz Guzmán decidió repartir entre los campesinos más pobres algunas hectáreas pertenecientes a United Fruit Company e imponer un modesto impuesto sobre las bananas. La respuesta fue inmediata: la multinacional solicitó la intervención del gobierno americano para provocar la quiebra del país.

United Fruit tenía razones para sentirse con poder. Los hermanos Dulles eran sus abogados. Allen dirigía la CIA; John Foster, el Departamento de Estado. Desde esa posición geométricamente perfecta, organizaron un golpe de Estado que instaló en el poder al general Castillo Armas. Su primera medida fue liquidar la reforma agraria.

El coste humano de aquella operación no se mide en meses sino en décadas. La junta militar que la CIA colocó en el poder asesinó a cientos de miles de personas en 40 años. Guatemala pagó con un genocidio el precio de un impuesto sobre las bananas que Washington no quiso tolerar.

El Congo Belga consiguió la independencia en 1960. Su primer ministro, Patrice Lumumba, era un líder de izquierdas que despertó el apetito norteamericano sobre los inmensos recursos mineros del país. Solo estuvo dos meses en el cargo: según los propios documentos desclasificados, el presidente Eisenhower dio su aprobación para eliminarlo en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el 18 de agosto de 1960.

La CIA hizo llegar al Congo un dentífrico envenenado. El responsable local no quiso utilizarlo. Se improvisaron otras soluciones. Finalmente, el general Mobutu —al que la CIA había ayudado a tomar el poder— mandó ejecutar a Lumumba con un tiro en la cabeza y disolvió su cuerpo en un baño de ácido. Una comisión parlamentaria concluyó en 1975 que Eisenhower había autorizado la operación.

La CIA se creyó invencible después de Irán y Guatemala. Cuando Fidel Castro expulsó a Batista, nacionalizó las plantaciones de azúcar americanas y se alió con la URSS, Washington respondió con el mismo manual. Error fatal: Castro no era Mosaddeq ni Árbenz.

En abril de 1961, la CIA envió al suicidio a 1.500 exiliados cubanos poco entrenados en la invasión de Bahía de Cochinos, esperando que el fracaso obligara al presidente Kennedy a enviar el ejército como respaldo. Kennedy se negó. La operación fue un desastre. La CIA le atribuyó a él toda la responsabilidad.

Lo que siguió fue una campaña de intentos de eliminación de Castro que los propios agentes de la CIA reconocen que alcanzó entre 20 y 30 operaciones. Puros bomba, herbicida en la barba, trajes de buceo envenenados. La agencia llegó a proponer al Estado Mayor una operación de bandera falsa: matar americanos y achacarle el ataque a Cuba para tener un pretexto de guerra. Kennedy rechazó la propuesta.

En agosto de 1964, la CIA montó un supuesto ataque norvietnamita contra el buque americano Maddox en el Golfo de Tonkín. El propio capitán del barco envió un mensaje sembrando dudas sobre lo sucedido; en Washington decidieron no leerlo. El "incidente" fue el pretexto para multiplicar por diez la presencia americana en Vietnam e iniciar los bombardeos.

Años después, está documentado que el ataque no ocurrió. Fue una historia fabricada. Sobre esa mentira se construyó una guerra que costó la vida a 55.000 soldados americanos y más de un millón de vietnamitas, con graves violaciones de los Convenios de Ginebra.

En ese contexto nació la Operación Fénix: un programa sistemático de asesinato de civiles —profesores, médicos, ejecutivos— dirigido por la CIA para desmantelar la infraestructura norvietnamita. Los escuadrones de la muerte firmaban cada acción dejando el as de picas sobre los cadáveres. William Colby, su director, reconoció ante el Congreso que unas 20.000 personas fueron "eliminadas" en un solo año. Los propios agentes lo describen como una "masacre espantosa".

En junio de 1972, cinco hombres disfrazados de fontaneros fueron detenidos en el edificio Watergate mientras inspeccionaban las oficinas del Partido Demócrata. Cuatro eran cubanos de Miami con historial en operaciones de la CIA. El quinto era un ex agente del FBI y la CIA contratado por el Comité de Reelección de Nixon.

El presidente Nixon intentó utilizar a la CIA para frenar la investigación del FBI: le pidió a James Schlesinger, director de la agencia, que firmara un documento afirmando que la operación era una cuestión de seguridad interior. Schlesinger se negó. Nixon perdió su escudo y, con él, la presidencia.

Hay una ironía que la historia oficial tiende a suavizar: la CIA, que había operado durante décadas al margen de cualquier ley, se negó a mentir para proteger a un presidente. No por escrúpulos morales: porque le convenía más dejar caer a Nixon que quedar expuesta junto a él.

En 1971, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile. Era socialista. Eso fue suficiente. Nixon dio carta blanca a Richard Helms para "impedir que Allende asumiera su cargo". La CIA creó las condiciones para un caos económico y social diseñado para darle a los militares el pretexto que necesitaban para intervenir.

El golpe se produjo el 11 de septiembre de 1973. Allende murió en el palacio presidencial —asesinado o suicidado, según la fuente— y miles de chilenos fueron torturados o masacrados por la junta de Pinochet. La CIA proporcionó a los escuadrones de la muerte las listas de sospechosos. Los agentes más veteranos de la agencia reconocieron décadas después que ni siquiera ellos eran conscientes de la cantidad de asesinatos que se cometieron.

Las revelaciones de las Comisiones Church y Pike —que en 1976 obligaron a los directores de la CIA a declarar ante el Congreso— destaparon la complicidad de Henry Kissinger. Su argumento posterior fue que Estados Unidos "no había participado en el golpe de 1973". Estrictamente, fue cierto: no lo ejecutaron, solo lo diseñaron, financiaron y coordinaron.

A mediados de 1978, la CIA informó al presidente Carter de que Irán no se encontraba en situación revolucionaria ni prerrevolucionaria. Khomeini llevaba meses preparando la revolución desde su exilio en Francia, pero cuando el asesor de seguridad nacional de Carter pidió a la CIA información sobre los fundamentalistas islámicos, la respuesta fue que nunca habían oído hablar de ellos.

La razón era estructural: el embajador americano en Teherán —Richard Helms, ex director de la CIA, íntimo del Shah— había prohibido a la agencia mantener cualquier contacto con los grupos de oposición. La CIA escuchaba exclusivamente al Shah y a su entorno, que les contaban lo que querían oír. El propio Shah despreciaba a los religiosos: "Ya me encargaré yo de ellos", decía. "Sé cómo hacerlo. Es fácil."

La caída del Shah fue la factura de décadas de análisis sesgado. Una potencia global de inteligencia no supo prever una revolución que Khomeini había estado construyendo en público, desde París, durante meses. El Shah murió de cáncer en un hospital de Nueva York. Sus últimas palabras a su visitante americano fueron: "¿Por qué me habéis hecho esto?"

Las audiencias parlamentarias de 1975-1976 fueron históricas. Por primera vez, los directores de la CIA tuvieron que responder en público. Colby habló sobre Fénix y los 20.000 muertos. Helms estuvo, según el Washington Post, "muy cerca del perjurio". Las revelaciones sobre Watergate, Chile, el Congo y las escuchas masivas a ciudadanos americanos sacudieron al país.

El presidente Ford respondió en 1976 con una orden ejecutiva que terminaba con las palabras: "Nunca más ningún funcionario de los Estados Unidos podrá cometer o participar en un asesinato político." Los veteranos de la agencia no se tomaron en serio aquella declaración. Y tenían razón histórica: los presidentes siempre han encontrado el camino para hacer lo que necesitaban hacer cuando lo consideraban necesario.

El efecto real de las Comisiones Church y Pike fue casi nulo. Ninguna de las dos tuvo impacto real, porque nunca tuvieron en cuenta la mentalidad ni el carácter de las personas que realizaban ese tipo de operaciones. Y porque, según quedó documentado, todo lo que hizo la CIA lo habían decidido los presidentes. Culpar a la agencia era, en muchos casos, culpar al mensajero.

La historia de la CIA entre 1947 y 1979 no es la historia de una agencia fuera de control. Es la historia de un instrumento perfectamente controlado —por los presidentes, por las grandes corporaciones, por los intereses geopolíticos del momento— que hizo exactamente lo que se le pidió que hiciera. El problema no era la agencia. Era lo que se le pedía.

Irán, Guatemala, el Congo, Vietnam, Chile, Watergate: en todos esos casos, la CIA operó con autorización presidencial explícita o implícita. Cuando los escándalos salieron a la luz, los presidentes señalaron a la agencia; la agencia señaló a los presidentes. Ambos tenían razón.

Lo que este período revela con claridad meridiana es la estructura de la política exterior americana: un sistema en el que la democracia era un argumento de venta para el interior, y la violencia era la herramienta de trabajo para el exterior. La CIA no inventó eso. Solo lo ejecutó con eficiencia.

Y lo que ninguna Comisión del Congreso, ningún presidente reformista ni ninguna orden ejecutiva ha conseguido cambiar es la lógica que lo genera: que el poder tiene sus propios fines, y que los instrumentos que sirven al poder sobreviven a quienes intentan domesticarlos.