Dinero fiduciario: la arquitectura legal del valor

Un billete de veinte euros pesa 0,85 gramos. No es papel: es fibra de algodón con un hilo de seguridad incrustado en la masa, una banda holográfica y una marca de agua. Fabricarlo cuesta, según estimaciones habituales del Eurosistema, en torno a ocho céntimos de euro. La explicación que ofrece cualquier manual de economía para esa diferencia —veinte euros de valor nominal sobre ocho céntimos de coste material— es la confianza: el dinero vale porque la gente cree que vale, porque es una convención social que todos aceptamos libremente. Este expediente pone esa explicación a prueba contra el texto legal, contra la historia y contra los propios economistas que diseñaron el sistema. La tesis que sostiene, con los niveles de evidencia que corresponden a cada tramo, es esta: lo que llamamos dinero fiduciario no se sostiene en la confianza, sino en la obligatoriedad jurídica de aceptación.

Lo que hay dentro del billete

Los puentes que aparecen impresos en el reverso de los billetes de euro no existen. No son fotografías de monumentos reales: son estructuras arquitectónicas inventadas, diseñadas en 1996 por Robert Kalina, entonces empleado del Banco Nacional de Austria. El Banco Central Europeo explicó esa elección alegando que evitaba privilegiar la arquitectura de un país miembro sobre otro. Es una justificación razonable. También es, objetivamente, una forma poco habitual de construir confianza visual: ilustrar el dinero con edificios que no están en ningún sitio, dibujados con el detalle suficiente para que nadie repare en que no son reales.

Lo que dice el Reglamento 974/1998

El 3 de mayo de 1998 el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (CE) nº 974/98. Su artículo 10 establece que, a partir del 1 de enero de 2002, los billetes denominados en euros serían los únicos de curso legal en todos los Estados miembros participantes. Veinte países, un solo texto jurídico. En ningún momento el reglamento apela a la confianza como fundamento del sistema. Lo que establece es otra cosa: la obligatoriedad jurídica de aceptación, con consecuencias legales para quien se niegue a recibir la moneda a su valor nominal.

Ambas cosas —confianza y coacción legal— pueden producir el mismo resultado observable: que la gente use una moneda determinada. Pero no son el mismo mecanismo, y solo uno de los dos aparece escrito en el reglamento.

Robert Mundell y las dos teorías que se contradicen

El referente teórico del Reglamento 974 fue Robert Mundell, premio Nobel de Economía en 1999. En 1961 publicó en el American Economic Review un artículo de nueve páginas —"A Theory of Optimum Currency Areas"— que sostenía que una región dentro de una zona monetaria común solo tiene dos vías para mantener el empleo cuando llega una crisis: que los salarios bajen, o que los trabajadores se desplacen hacia donde haya trabajo. Sin devaluación posible, el ajuste no lo hace la moneda: lo hacen las personas, con su sueldo o con sus maletas. Para que ese mecanismo funcione, según el propio artículo, los trabajadores deben poder moverse con rapidez ante las primeras señales de crisis, algo que la diversidad lingüística y cultural europea dificulta estructuralmente.

Doce años después, en 1973, el mismo Mundell publicó otro artículo con la conclusión contraria: que una moneda común extensa, aunque abarque regiones distintas, es preferible porque distribuye el riesgo y permite que unas regiones compensen a otras ante un choque económico, incluso si la movilidad laboral es baja.

En junio de 1988 el Consejo Europeo, reunido en Hannover, encargó el llamado Informe Delors: la hoja de ruta hacia la moneda única, elaborada por un comité formado por los doce gobernadores de bancos centrales nacionales y cuatro tecnócratas adicionales, entre ellos el español Miguel Boyer. Tres años más tarde ese informe cristalizó en el Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992, y posteriormente en el Reglamento 974 que impuso el curso forzoso del euro.

Hayek y la pregunta que nadie hizo en Bruselas

Mientras Mundell reformulaba su propia teoría, Friedrich Hayek —también premio Nobel, en 1974— trabajaba sobre una pregunta distinta y anterior: si el Estado debe tener el monopolio del dinero. En 1976, con setenta y siete años, publicó La desnacionalización del dinero, un libro de 222 páginas cuyo argumento central es que los gobiernos sostienen su monopolio de emisión mediante dos mecanismos: la coacción, es decir, el curso legal forzoso; y la ficción de presentar ese monopolio como algo natural e indiscutible. Hayek proponía lo contrario: permitir que particulares y empresas emitieran monedas en competencia, dejando que la gente eligiera cuál usar y cuál rechazar.

Un patrón que se repite desde Roma

El curso legal forzoso no nació con el euro. La expresión inglesa legal tender aparece por primera vez en el derecho anglosajón en 1765, referida a las monedas que la Corona británica obligaba a aceptar a sus proveedores. Pero el mecanismo es mucho más antiguo. En los siglos III y IV, con el Imperio Romano de Occidente devaluando su moneda —cada vez menos plata, más cobre— los mercaderes empezaron a rechazarla. La respuesta no fue mejorar la moneda: en el año 301, Diocleciano promulgó el Edicto de Precios Máximos, fijando por ley el precio de cientos de productos y castigando con la muerte a quien se negara a vender al precio oficial.

El patrón se repite en Francia en 1303, cuando Felipe IV devalúa sucesivamente la moneda real y los mercaderes empiezan a preferir el florín florentino o el ducado veneciano; la respuesta, de nuevo, es prohibir el rechazo por decreto. Dos siglos después, en la Castilla de Carlos I, el mismo problema con la moneda de vellón produce la misma solución legal.

Durante buena parte de esta historia, sin embargo, el curso legal forzoso tenía un alcance limitado: obligaba a aceptar la moneda del rey en los tratos con el Estado, pero en la vida privada, entre particulares, la negociación seguía siendo posible. En ese espacio, el dinero era por naturaleza internacional: una dobla castellana de oro circulaba en Flandes, Venecia o Roma; el real de plata español llegó a usarse en China. La gente lo aceptaba por su contenido metálico, sin tratados ni homologaciones. Ese dinero real actuaba como límite físico al poder del gobernante: financiar una guerra o un ejército de represión exigía oro, y el oro no se decretaba. A partir del siglo XIX, con la consolidación de los Estados nación —el Código Napoleónico en Francia, la legislación monetaria del Reich alemán tras 1871, las reformas del Banco de España durante la Restauración—, el curso legal forzoso deja de ser una respuesta puntual a una crisis y pasa a ser una institución permanente que también regula las transacciones privadas.

Tres billetes que sí prometían algo

Un billete del Bank of England del siglo XIX llevaba impresa una frase: la promesa de pagar al portador, bajo demanda, diez libras. Esas diez libras eran diez monedas de oro emitidas por la Corona británica, 73,2 gramos de oro fino de 22 quilates. Un billete del Banco de España de la misma época prometía pagar cien pesetas al portador; en 1874, cuando se emitieron los primeros billetes de esa entidad, una peseta equivalía a 4,5 gramos de plata, de modo que cien pesetas eran 450 gramos de plata. Un certificado de plata estadounidense del siglo XIX certificaba que se había depositado en el Tesoro un dólar de plata pagadero al portador; ese dólar, diseñado por Alexander Hamilton a imagen del real de plata español, equivalía a 24 gramos de plata.

En los tres casos hay la misma estructura: un contrato de deuda, un deudor y, detrás de esa deuda, un activo con peso. El papel era la promesa; el metal era el dinero. Nadie confundía las dos cosas porque la distinción estaba impresa en el propio billete. Un billete de euro no contiene esa promesa: no especifica quién debe qué, ni qué se recibe si se presenta en el Banco Central Europeo. En algún punto entre aquellos billetes y estos, la promesa desapareció y quedó solo la deuda —pero la deuda pasó a llamarse dinero.

El hombre condenado por fabricar plata honesta

En 1998, en Carolina del Norte, Bernard von NotHaus empezó a fabricar los Liberty Dollars: monedas de plata real, con 31,10 gramos de metal fino y su contenido especificado en la propia pieza. En 2011, un tribunal federal de Estados Unidos lo declaró culpable de conspirar contra el país, de violar las leyes federales que reservan al Estado la emisión monetaria y de fabricar y distribuir monedas destinadas a funcionar como dinero. No se le acusó de fraude ni de haber engañado a nadie sobre el contenido de sus monedas. El argumento central de la fiscalía fue que no se puede hacer competencia al dinero oficial.

Sus monedas de plata fueron confiscadas por el gobierno federal. Tener plata es legal. Venderla es legal. Intercambiar bienes es legal. Crear un medio de pago honesto que compita con el monopolio estatal de emisión, no lo fue.

Fiduciario, fiat y la pregunta incómoda

"Dinero fiduciario" viene del latín fides, confianza: es el término académico y oficial para describir el dinero actual. Pero existe otro nombre para lo mismo: dinero fiat, del verbo latino fieri, "hágase" —un mandato, no un pacto—. Si el dinero funcionase realmente por confianza voluntaria, cabría preguntarse para qué hacen falta leyes que obliguen a aceptarlo. La confianza no necesita coacción: nadie te sanciona legalmente por no creer en el valor del oro, pero rechazar un euro como medio de pago sí tiene consecuencias legales.

Lo que dice la Teoría Monetaria Moderna

Existe una explicación distinta de por qué el dinero fiduciario tiene valor, formulada por economistas asociados a la Teoría Monetaria Moderna, entre ellos L. Randall Wray, del Levy Economics Institute. Según esta corriente, el Estado no necesita recaudar impuestos antes de gastar: puede emitir el gasto primero, mediante deuda que el banco central convierte en moneda. Los impuestos, en esta lectura, no financian el gasto público; su función es crear demanda forzosa de esa moneda —hace falta conseguirla para pagar lo que el Estado exige— y retirar unidades monetarias de circulación para contener la inflación resultante de la expansión previa.

Si esta lectura es correcta, la secuencia no es "impuestos financian gasto", sino "gasto crea moneda, e impuestos crean la necesidad de conseguirla, bajo amenaza de embargo si no se paga". La inflación moderada y sostenida, en ese marco, no sería un fallo del sistema sino parte de su forma de financiarse: cada punto de inflación no corregido a tiempo licúa deuda pública a costa del poder adquisitivo de quien tiene esa moneda en el bolsillo.